JOSÉ ORTEGA Y GASSET     http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/spa12dec46.html Fecha  22/05/2005 04:01 
Host: 80-58-4-44.proxycache.rima-tde.net    IP: 80.25.234.55    Sistema: Linux


Volver al foro Responder 15 de julio de 1936, dos días antes del comienzo de la invasión italiana y alemana de España; morirán entre medio millón y un millón de personas   Admin: Borrar 	mensaje
 
Mensaje
A continuación (entre asteriscos), muy breve fragmento del libro "No fue posible la paz" de José María Gil-Robles, máximo dirigente de las derechas españolas durante la Segunda República.

**************************************************************************
Durante la sesión de la Diputación permanente de las Cortes del día 15 de julio de 1936 intervine con las siguientes palabras transcritas del correspondiente diario de sesiones:
El Sr. GIL-ROBLES: Me permitirá la Presidencia que, antes de entrar en el fondo de la cuestión, y toda vez que ha pretendido que este asunto se liquidara previamente, recoja con toda brevedad sus palabras.
No se trata, Sr. Presidente, de anunciar, ni clara ni embozadamente, una censura contra S.S. A nadie le puede caber duda alguna de la rectitud de los propósitos que han movido a S.S. a tomar la iniciativa a que viene refiriéndose. Tenemos la absoluta seguridad de que los móviles más nobles y más levantados han influido en su ánimo para tomar esta decisión, si alguna manifestación más nos fuera necesaria, bastaría la que acaba de hacer en estos momentos, apresurándose a aceptar toda la responsabilidad que en el orden moral pudiera derivarse de haber tomado esa iniciativa. Pero permítame que le diga a S.S. que esa nobleza de sentimientos, servida por una dialéctica muy acertada, no puede hacer que el problema se desvíe de sus cauces naturales.
Su señoría no puede tener en este punto ninguna responsabilidad, porque no tiene facultades para ello. Su señoría ha tomado una iniciativa de consejo, de petición; de ahí no puede pasar ni la actuación de S.S. ni las responsabilidades que de ella pudieran derivarse.
Decía S.S. que al Gobierno le corresponde exclusivamente la parte formal de la responsabilidad; tengo la seguridad de que el Gobierno tiene gallardía suficiente para no permitir que esa su responsabilidad en la medida adoptada la comparta S.S. con él, puesto que al Gobierno corresponde, con arreglo al art. 81 de la Constitución, suspender las sesiones de Cortes. Su señoría podrá haber dado el consejo; el Gobierno ha tomado la resolución, luego en el orden político -único de que aquí se trata- la responsabilidad íntegra cae sobre el Gobierno. (El Sr. Ministro de Estado: Evidente.) Por eso no había en mis palabras la menor censura para el Sr. Presidente; va toda para el Gobierno, que, en circunstancias como éstas, no ha afrontado un debate público y ha traído al seno de la Diputación permanente -más restringido en todos los órdenes- un problema que la misma Constitución quiere sea tratado en el Parlamento pleno. Ésta era la única significación de mis palabras, el fundamento de la protesta que aquí públicamente -con la publicidad que sea posible- quiero formular ante la opinión, ante la Diputación permanente y ante el Gobierno. Entremos ahora en el fondo de la cuestión.
La suspensión de garantías constitucionales tiene dos finalidades muy claras, encaminadas al mantenimiento del orden público, incluso tal como la define nuestra ley orgánica en la materia, que dice: «Se garantizan los derechos civiles, políticos, sociales e individuales de los españoles», y para garantizar también el normal funcionamiento de los organismos del Estado. Si no sirve para cumplir estas dos finalidades, el estado de alarma no puede tener la menor justificación. Si el estado de alarma no tiene eficacia suficiente para garantizar los derechos de los ciudadanos y el normal funcionamiento de los órganos del Gobierno, el estado de alarma, resorte normal y legítimo de todos los Gobiernos, se convierte en una facultad abusiva. En cierto modo, así lo ha reconocido el propio Sr. Presidente del Consejo de Ministros -cuya ausencia lamento extraordinariamente, aunque esté dignamente representado por los Ministros aquí presentes, porque a él he de referirme con alguna insistencia- en la pasada reunión de la Diputación permanente de Cortes, cuando vino a pedir otra prórroga del estado de alarma, diciendo que se iba extendiendo por España un estado de subversión y de anarquía que era preciso cortar por todos los medios posibles. Ésa era la finalidad que tenía el estado de alarma.
Hace escasamente un mes, discutiendo precisamente con quien ahora tiene el honor de dirigirse a la Diputación permanente, el Sr. Casares Quiroga pronunció unas palabras, que eran la promesa formal, venían a ser el compromiso solemne, de la eficacia de las medidas que el Gobierno estaba dispuesto a adoptar. Decía: «Tenga la seguridad S.S. que en este caso, como en otros, el Gobierno impondrá su autoridad sin teatralidad, sin excesos de gesto ni de palabra, porque atribuirme a mí excesos verbalistas ya implica tener imaginación.» Tan optimista era en una de las anteriores sesiones de la Diputación permanente que anunciaba, incluso, dulcificar alguna de las medidas que entran en la suspensión de garantías constitucionales en el estado de alarma. A ello hace referencia el acta que antes se leyó y también estas palabras tomadas del Diario de Sesiones: «El Gobierno tiene en estudio la posibilidad, incluso, de levantar la censura, permitiendo a los periódicos emitir libremente su opinión; pero, desde luego tenga S.S. la seguridad de que los textos parlamentarios serán respetados.» Tanto lo han sido, que cuando ayer un periódico -perdónenme los Sres. Diputados que con esto adelante un inciso- quiso publicar unas palabras muy nobles y muy levantadas del señor Calvo Sotelo al aceptar toda la responsabilidad que sobre él quisieran echar, en plena sesión, la censura ha sido implacable y lo ha tachado. Ni el homenaje al muerto, ni el respeto debido a las palabras en que aceptó una responsabilidad y una muerte con que Dios quiso luego honrarle, ni el respeto tampoco a la palabra del Presidente ni a la inviolabilidad de las palabras contenidas en el Diario de Sesiones; la censura ha sido implacable para unos y para otros.
Pero, ¿es que ha cumplido alguna de las finalidades el estado de alarma en manos del Gobierno? ¿Ha servido para contener la ola de anarquía que está arruinando moral y materialmente a España? Mirad lo que pasa por campos y ciudades. Acordaos de la estadística a que di lectura en la pasada sesión de las Cortes. Voy a completarla con una estadística del último mes de vigencia del estado de alarma. Desde el 16 de junio al 13 de julio inclusive se han cometido en España los siguientes actos de violencia, habiendo de tener en cuenta los señores que me escuchan que esta estadística no se refiere más que a hechos plenamente comprobados y no a rumores que, por desgracia, van teniendo en días sucesivos una completa confirmación: Incendios de iglesias, 10; atropellos y expulsiones de párrocos, 9; robos y confiscaciones, 11; derribos de cruces, 5; muertos, 61; heridos de diferente gravedad, 224; atracos consumados, 17; asaltos e invasiones de fincas, 32; incautaciones y robos, 16; centros asaltados o incendiados, 10; huelgas generales, 15; huelgas parciales, 129; bombas, 74; petardos, 58; botellas de líquidos inflamables lanzadas contra personas o cosas, 7; incendios, no comprendidos los de iglesias, 19. Esto en veintisiete días. Al cabo de hallarse cuatro meses en vigor el estado de alarma, con toda clase de resortes el Gobierno en su mano para imponer la autoridad, ¿cuál ha sido la eficacia del estado de alarma? ¿No es esto la confesión más paladina y más clara de que el Gobierno ha fracasado total y absolutamente en la aplicación de los resortes extraordinarios de Gobierno, que no ha podido cumplir la palabra que dio solemnemente ante las Cortes de que el instrumento excepcional que la Constitución le da y el Parlamento pone en sus manos había de servir para acabar con el estado de anarquía y subversión en que vive España? Ni el derecho a la vida, ni la libertad de asociación, ni la libertad de sindicación, ni la libertad de trabajo, ni la inviolabilidad del domicilio han tenido la menor garantía con esta ley excepcional en manos del Gobierno, que, por el contrario, se ha convertido en elemento de persecución contra todos aquellos que no tienen las mismas ideas políticas que los elementos componentes del Frente Popular.
Ya sería esto bastante grave; pero lo es muchísimo más que esos resortes en poder del Gobierno tampoco han servido para garantizar el normal funcionamiento de los órganos del Estado. Las sentencias de los jurados mixtos no se cumplen; el Ministerio de la Gobernación puede decir hasta qué punto los gobernadores civiles no lo obedecen; los gobernadores civiles pueden decir hasta qué punto los alcaldes no hacen caso de sus indicaciones; los ciudadanos españoles pueden decir cómo en muchos pueblos del Sur existen Comités de huelga, los cuales dan el aval, el permiso, la autorización para que se pueda circular por carretera. Diferentes personas en la provincia de Almería, hace pocos días, han sido detenidas en cinco pueblos del trayecto por otros tantos Comités de huelga que, a despecho de las órdenes del Ministerio de la Gobernación y de los gobernadores civiles, han impedido la circulación de vehículos, los han obligado a pasar por Comités de huelga y Casas del Pueblo para que les den un volante de circulación, que es el mayor padrón de ignominia, fracaso y vergüenza para un Gobierno que tolera, al cabo de cinco meses, que ese estado de cosas continúe en una nación civilizada.
Pero si necesitáramos algún testimonio del fracaso estrepitoso del Gobierno, ahí tenemos lo que está ocurriendo en Madrid con la huelga de la construcción. Decía el Sr. Casares Quiroga que él reclamaba el auxilio de todos los elementos del Frente Popular, desde los que se sentaban en el banco azul hasta los últimos Comités de los pueblos o las últimas organizaciones sindicales, para que le ayudaran a mantener la legalidad republicana, en la cual deseaba que todos viviéramos. Y esas mismas organizaciones son las que han dejado incumplido reiteradamente un laudo del Ministro de Trabajo, cuyo fracaso no tiene precedentes en la historia política de ningún país; son las propias organizaciones que apoyan al Gobierno las que no quieren o no pueden cumplir las órdenes que emanan de la autoridad. Ahí tenéis los conflictos obreros que se están ventilando diariamente a tiros entre las organizaciones societarias, aunque la censura no permite que se diga una palabra; ahí tenéis esos obreros que han muerto ayer en Cuatro Caminos, bajo las balas de otros hermanos de trabajo, que, en plena subversión contra el Gobierno, no acatan las órdenes emanadas de la autoridad. El Gobierno dio un laudo, fijó un plazo: ese plazo se incumplió. Tomó recientemente el Consejo de Ministros un acuerdo terminante y categórico, que implicaba la reafirmación del principio de autoridad. Elementos que controlan al Gobierno y que comparten con él las funciones de autoridad, aunque no la responsabilidad ante la opinión y ante la Historia, le obligaron a que diera un nuevo plazo, que venció anteayer; ni anteayer, ni ayer, ni hoy se ha cumplido el laudo del Ministerio de Trabajo. Las obras paradas, los obreros tiroteándose, Madrid abandonado, la autoridad por los suelos. ¿Para eso queréis una prórroga del estado de alarma? ¿Para eso queréis unos resortes excepcionales? ¿Qué confianza podemos tener ni las oposiciones ni la opinión pública en lo que vosotros hagáis?
¡Ah!, pero yo sé que fácilmente os vais a acoger al recurso ordinario con que estáis pretendiendo paliar vuestro fracaso: esto es una maniobra fascista, esto es un ataque de los enemigos del régimen. Tal se están poniendo las cosas, que ya la opinión pública, humorísticamente, está recordando aquella famosa anécdota del tenor que cuando emitía una nota en falso daba el viva a Cartagena para evitar el abucheo del público. Cuando tenéis un fracaso, tenéis que invocar el fascismo, parte por un comodín ante la opinión pública, parte porque estáis viendo el estado de opinión que se está creando en España. En más de una ocasión, en público, en las Cortes, en privado con alguno de los que me escuchan, yo he expuesto la hondísima preocupación que me produce el ambiente de violencia y de subversión que se va creando en España.
No es ésta la ocasión de que yo vaya a marcar diferencias doctrinales con unas u otras teorías políticas. Perfectamente definidas están mi actitud y la doctrina de mi partido a través de una actuación intensa, aunque sea modesta por ser mía. No es éste momento de recordar esas diferencias, pero sí el de recordar que en España está creciendo de día en día un ambiente de violencia, que los ciudadanos se están apartando totalmente del camino democrático; que a nosotros diariamente llegan voces que nos dicen: «Os están expulsando de la legalidad; están haciendo un baldón de los principios democráticos; están riéndose de las máximas liberales incrustadas en la Constitución; ni en el Parlamento ni en la legalidad tenéis ya nada que hacer.» Y este clamor que nos viene de campos y ciudades indica que está creciendo y desarrollándose eso que en términos genéricos habéis dado en denominar fascismo; pero que no es más que el ansia, muchas veces nobilísima, de libertarse de un yugo y de una opresión que en nombre del Frente Popular el Gobierno y los grupos que le apoyan están imponiendo a sectores extensísimos de la opinión nacional. Es un movimiento de sana y hasta de santa rebeldía, que prende en el corazón de los españoles y contra el cual somos totalmente impotentes los que día tras día y hora tras hora nos hemos venido parapetando en los principios democráticos, en las normas legales y en la actuación normal. Así como vosotros estáis total y absolutamente rebasados, el Gobierno y los elementos directivos, por las masas obreras, que ya no controláis, así nosotros estamos ya totalmente desbordados por un sentido de violencia, que habéis sido vosotros los que habéis creado y estáis difundiendo por toda España. Cuando habléis de fascismo, no olvidéis, señores del Gobierno y de la mayoría, que en las elecciones del 16 de febrero los fascistas apenas tuvieron unos cuantos miles de votos en España, y si hoy se hicieran unas elecciones de verdad, la mayoría sería totalmente arrolladora, porque incluso está prendiendo en sectores obreristas, los cuales, desengañados de sus elementos directivos y de sus directores societarios, están buscando con ansia una libertad que encuentran en esas vagas quimeras, que muchas veces encarnan en la fantasía de las gentes cuando ya están al borde de la desesperación y de la ruina.
Cuando la vida de los ciudadanos está a merced del primer pistolero, cuando el Gobierno es incapaz de poner fin a ese estado de cosas, no pretendáis que las gentes crean ni en la legalidad ni en la democracia; tened la seguridad de que derivarán cada vez más por los caminos de la violencia, y los hombres que no somos capaces de predicar la violencia ni de aprovecharnos de ella seremos lentamente desplazados por otros más audaces o más violentos que vendrán a recoger este hondo sentido nacional.
El estado de cosas actual ha culminado, señores, en el episodio tristísimo de la muerte del Sr. Calvo Sotelo. Me duele mucho que nadie pueda pensar que alrededor de su muerte yo pretendo hacer nada que signifique política. Bien quisiera que mis palabras en este momento no tuvieran otro significado que el del tributo rendido a un hombre consecuente hasta el final con sus ideas, valiente en la exposición de las mismas, que no ha claudicado en momento alguno, que ha mantenido siempre alta y enhiesta la bandera de su ideal y que por eso mismo ha muerto de la manera más criminal y odiosa. Yo quisiera que mis palabras fueran exclusivamente un homenaje a su memoria; pero han sido tales las circunstancias que han rodeado su muerte, es tal el contenido que tiene para toda la sociedad española ese crimen, que es necesario que, cuanto antes, aquí ahora, en el Parlamento en su primera sesión, si es que a ella asistimos, quede perfectamente claro nuestro pensamiento y queden plantados los jalones de lo que nosotros creemos gravísimas responsabilidades que en torno a ese suceso se han producido.
Yo sé que muchas gentes que ahora disminuyen el volumen del suceso pretenden establecer un simple parangón entre dos crímenes que se han producido con una leve diferencia de horas. Yo esos parangones no los admito. En primer lugar, porque tanto condeno una violencia como la otra. Ante el cadáver del teniente Castillo tengo yo idéntica condenación que para todos esos actos de violencia, y no pienso en sus ideas, ni en su actuación; para mí es nefando, para mí es criminal el modo cómo se le ha arrebatado la vida. ¡Ah!, pero pretender ligar un acontecimiento con el otro, como muchos sectores afectos a la política del Gobierno han hecho, eso es, a mi juicio, la mayor condenación que puede tener toda la política que vosotros estáis desarrollando.
¿Qué tenía que ver el Sr. Calvo Sotelo con el asesinato del teniente Castillo? ¿Quién ha podido establecer la menor relación de causa a efecto entre su actitud y la muerte de ese teniente? ¿Es que acaso el Sr. Calvo Sotelo, en pleno salón de sesiones, no ha condenado de una manera sistemática la violencia y no anunció que ante la muerte violenta de su mayor adversario no tendría más que la condenación como ciudadano, el respeto como caballero y el perdón como creyente? ¿Es que se puede, ni por un momento, admitir que el Sr. Calvo Sotelo tuvo la menor relación, directa ni indirecta, por acción, por omisión o por inducción, con el asesinato del teniente Castillo? ¿Por qué se ligan ambas cosas? ¡Ah!, porque en el ánimo incluso de aquellos que pretenden rebajar la gravedad del suceso hay esta idea terrible que prende en el corazón de todos los españoles: que no ha sido una pasión política la que ha quitado la vida al Sr. Calvo Sotelo, que no ha sido un momento pasional de unos cuantos ciudadanos ofuscados, sino que ha sido una represalia ciega, ejercida por aquellos que tenían una relación más o menos directa con el teniente Castillo.
La gravedad del hecho es enorme, y yo tengo que examinarla con la luz de los antecedentes del hecho mismo y de las circunstancias en que se ha producido. Yo sé la gravedad de las manifestaciones que voy a hacer. Estoy perfectamente penetrado incluso de las consecuencias que para mí personalmente pueda tener. El cumplimiento del deber no se puede detener ante ese orden de consideraciones.
Lamento que no esté aquí presente el señor Presidente del Consejo de Ministros, no, repito, porque no esté muy dignamente representado, sino porque a él necesariamente, de un modo personal, he de referirme en este momento.
El Sr. Ministro de Estado, con la vehemencia que le caracteriza -y tengo la seguridad de que con la sinceridad mayor, que es también una de sus características-, ha venido aquí, en términos casi conmovidos, a rechazar imputaciones o acusaciones que se desprendían del escrito a que ha dado lectura el Sr. Suárez de Tangil en nombre de las minorías monárquicas, y de las cuales pudiera deducirse una acusación directa al Gobierno en el crimen que se ha cometido.
Lejos de mi ánimo el recoger acusaciones en globo, y mucho menos lanzar sobre el Gobierno, sin pruebas, una acusación de esta naturaleza. No encontrará S.S. en mí nada que pueda ser una acusación calumniosa de pretender que el Gobierno esté directamente mezclado en un hecho criminal de esta naturaleza. ¡Ah! Pero la responsabilidad del Gobierno no es sólo criminal; la responsabilidad del Gobierno es tremenda en el orden político y en el orden moral, y a ella tengo necesariamente que referirme.
El miércoles pasado, Sres. Diputados -hace hoy exactamente ocho días-, el Sr. Calvo Sotelo me llamó aparte, en uno de los pasillos de la Cámara, y me dijo: «Individuos de mi escolta, que no pertenecen ciertamente a la Policía, sino a uno de los Cuerpos armados, han recibido una consigna de que en caso de atentado contra mi persona procuren inhibirse. ¿Qué me aconseja usted?» «Que hable usted inmediatamente con el Sr. Ministro de la Gobernación.»
El Sr. Calvo Sotelo fue a contárselo, el miércoles o el jueves, al Sr. Ministro de la Gobernación, el cual, según mis noticias, tenidas por el Sr. Calvo Sotelo, dijo que en absoluto de él no había emanado ninguna orden de esta naturaleza. Pero el Sr. Calvo Sotelo tuvo esa confidencia exactísima.
¿Quién dio esa orden? ¿Quién dio esa consigna? Me adelanto a decir que el Sr. Ministro de la Gobernación, no. No me atrevería a decir otro tanto de organismos subalternos dependientes del Ministerio de la Gobernación.
El Sr. Ventosa lo sabe, porque yo se lo comuniqué. «Contra el Sr. Calvo Sotelo se prepara un atentado. Ha habido por parte de organismos dependientes del Ministerio de la Gobernación, aunque nunca del Ministro de la Gobernación, órdenes para que se deje impune el atentado que se prepara. Usted lo sabe; usted y yo somos testigos de que esta advertencia se ha hecho al Gobierno, de que esa amenaza se está cerniendo sobre la cabeza del Sr. Calvo Sotelo.» Y esa amenaza se ha realizado y ese atentado ha tenido lugar.
Tengo la seguridad de que el Sr. Ministro de la Gobernación hizo lo posible, en lo que de él dependía. Pero los organismos que dependen del Gobierno, ¿lo han hecho así? ¿Se estableció la debida vigilancia alrededor de una persona seriamente amenazada para evitar el atentado? No se ha hecho.
¡Ah! Pero, ¿es que es ésta la única responsabilidad que al Gobierno y a los grupos de la mayoría les corresponde en este asunto? ¿Es que no estamos cansados de oír todos los días, en las sesiones de Cortes, excitaciones a la violencia contra los Diputados de derecha? Voy a prescindir de lo que a mí se refiere; bien claras han estado algunas amenazas en el salón de sesiones. Me voy a referir exclusivamente a lo ocurrido con el Sr. Calvo Sotelo. ¿Es que no recordamos, aunque las facultades presidenciales, interviniendo oportunamente, quitaran ciertas palabras del Diario de Sesiones, que el Sr. Galarza, perteneciente a uno de los grupos que apoyan al Gobierno, dijo en el salón de sesiones -yo estaba presente y lo oí- que contra el Sr. Calvo Sotelo toda violencia era lícita? ¿Es que acaso esas palabras no implican una excitación, tan cobarde como eficaz, a la comisión de un delito gravísimo? ¿Es que ese hecho no implica responsabilidad alguna para los grupos y partidos que no desautorizaron esas palabras? ¿Es que no implica una responsabilidad para el Gobierno que se apoya en quien es capaz de hacer una excitación de esa naturaleza?
¡Ah! En el orden de la responsabilidad moral, a la máxima categoría de las personas le atribuyo yo la máxima responsabilidad, y, por consiguiente, la máxima responsabilidad en el orden moral tiene que caer sobre el Sr. Presidente del Consejo de Ministros. El Sr. Presidente del Consejo de Ministros, que, al llegar al más alto puesto de la gobernación del Estado, no ha prescindido del carácter demagógico que impregna todas sus actuaciones, dijo un día que, frente a las tendencias que podía encarnar el Sr. Calvo Sotelo u otras personas de significación ideológica parecida, el Gobierno era un beligerante. ¡El Gobierno un beligerante contra unos ciudadanos! ¡El Gobierno nunca puede ser beligerante! El Gobierno tiene que ser un instrumento equitativo de justicia, aplicada por igual a todos, y eso no es ser beligerante, como no lo es el juez que condena al criminal.
Cuando desde la cabecera del banco azul se dice que el Gobierno es un beligerante, ¿quién puede impedir que los agentes de la autoridad lleguen en algún momento hasta los mismos bordes del crimen?
Pero aún hay más: a virtud de unas palabras pronunciadas por el Sr. Calvo Sotelo en un debate de orden público, haciendo referencia a acontecimientos que son precisamente los grupos que apoyan al Gobierno, los que los están aireando estos días, pronunció el Sr. Presidente del Consejo de Ministros unas frases provocadoras que implicaban el hacer efectiva en el Sr. Calvo Sotelo una responsabilidad por acontecimientos que pudieran sobrevenir, lo cual, como dice muy bien ese documento leído por el conde de Vallellano, equivale a señalar, a anunciar una responsabilidad «a priori», sin discernir si se ha incurrido o no en ella. «¿Ocurre esto, va a ocurrir este acontecimiento? Pues S.S. es el responsable.»
Periódicos inspirados por elementos del Gobierno han venido estos días diciendo que se iba a producir ese acontecimiento, que era inminente en la noche pasada, en la que viene, que el observatorio está vigilante, que va a surgir en seguida lo que se teme. Ya se está dibujando la responsabilidad. Y esa noche cae muerto el Sr. Calvo Sotelo, a manos de agentes de la autoridad. ¿Creéis que esto no representa una responsabilidad? ¡Ah! Pero hay otra, todavía mayor, si cabe. El Sr. Calvo Sotelo no ha sido asesinado por unos ciudadanos cualesquiera, el Sr. Calvo Sotelo ha sido asesinado por agentes de la autoridad.
El Sr. PRESIDENTE: Señor Gil-Robles, piense S.S. que se trata de un suceso que está sometido en estos instantes a la investigación de la Justicia. Su señoría, anticipadamente, resuelve, declara que la responsabilidad de ese suceso corresponde a personas investidas del carácter de agentes de autoridad. Será ello así o no lo será. Es la justicia la que lo tiene que decir y no es, ciertamente, aquí donde podemos poner cortapisas ni ejercer en el ánimo de los juzgadores coacción alguna.
El Sr. GIL-ROBLES: Esperaba esas palabras del Sr. Presidente, que, atento al cumplimiento de su deber, que seguramente, en este caso, le es extraordinariamente penoso cumplir, me hace una advertencia que, en la práctica, es puramente un convencionalismo.
Es exacto, Sr. Presidente, que están actuando los Tribunales de Justicia; pero los Diputados tenemos, no sólo el derecho, sino la obligación de traer aquí, como la hubiéramos llevado a la sesión pública si nos hubiese sido posible, esta acusación categórica y terminante. ¿Qué importa que la censura lo haya tachado y haya obligado a decir a los periódicos que los autores de ese asesinato han sido unos individuos si en la conciencia de todos está la verdad de lo ocurrido? Tengan en cuenta S.S. y quienes me oyen que está bien lejos de mi ánimo arrojar una mancha por igual sobre todos los agentes de la autoridad; ni muchísimo menos. Bien lejos de mi pensamiento, igualmente, lanzar sobre un Cuerpo benemérito del Estado una culpa colectiva. Han sido determinados agentes de la autoridad, que, probablemente, el mismo Cuerpo a que pertenecen estará deseando en estos momentos que sean expulsados, que sean arrojados de su convivencia. Pero lo que no puede negarse, Sr. Presidente y Sres. Diputados que me escucháis, es que el Sr. Calvo Sotelo se resistió a entregarse a los que llegaban a su domicilio, y que únicamente cuando uno de ellos le exhibió un carnet en que acreditaba su condición de oficial de la Guardia Civil, el Sr. Calvo Sotelo se entregó. Las averiguaciones judiciales irán encaminadas a saber quién fue el oficial de la Guardia Civil, pero que fue un agente de la autoridad que iba acompañado por guardias de Asalto, de paisano o de uniforme, y en una camioneta de la Dirección General de Seguridad, que después fue dejada en el mismo Ministerio de la Gobernación o en el cuartelillo que está al lado, esto no puede negarlo nadie. ¡Ah! ¿Y es que cuando ocurre un suceso de ese volumen y de esa magnitud un Gobierno puede decir: lo he entregado simplemente a un juez para que investigue, sin haber tomado ninguna medida para ver quiénes habían sido esos oficiales que han ido con la camioneta y acompañando a los guardias de Asalto, los que había dispuesto el servicio, los que han estado reclutando voluntarios entre determinada compañía o determinada sección del teniente Castillo, para con ellos ir a ejercer una represalia y una venganza sobre la persona del Sr. Calvo Sotelo? Cuando todo esto ocurre, el Gobierno ¿no tiene que hacer otra cosa que publicar una nota anodina, equiparando casos que no pueden equipararse y diciendo que los Tribunales de Justicia han de entender en el asunto, como si fuera una cosa baladí que un jefe político, que un jefe de minoría, que un parlamentario sea arrancado de noche de su domicilio por unos agentes de la autoridad, valiéndose de aquellos instrumentos que el Gobierno pone en sus manos para proteger a los ciudadanos; que le arrebaten en una camioneta, que se ensañen con él, que le lleven a la puerta del cementerio, que allí le maten y que le arrojen como un fardo en una de las mesas del depósito de cadáveres? ¿Es que eso no tiene ninguna gravedad? ¡Ah!, señores del Gobierno; vosotros en estos momentos habéis creído que todo lo tenéis libre con nombrar un juez, con dictar una nota y con acudir el día de mañana a que la pasión política os dé un «bill» de indemnidad en forma de voto de confianza. Tened la seguridad de que eso no se limpia tan fácilmente. Un día el Sr. Calvo Sotelo pronunció en la Cámara unas palabras, contestando al Sr. Presidente del Consejo de Ministros, que si son su mayor glorificación, constituyen la mayor condenación para vosotros.
«Yo tengo, Sr. Casares Quiroga (le dijo cuando, con imprudencia notoria, el Presidente del Consejo arrojó sobre él una responsabilidad "a priori"); yo tengo anchas las espaldas. Su señoría es hombre fácil y pronto para el gesto de reto y para la palabra de amenaza. Lo he oído tres o cuatro discursos en mi vida, los tres o cuatro desde ese banco azul, y en ellos ha habido siempre la nota amenazadora. Bien, Sr. Casares Quiroga; me doy por notificado de la amenaza de S.S.; me ha convertido S.S. en sujeto y, por tanto, no sólo activo, sino pasivo, de las responsabilidades que puedan nacer de no sé qué hechos. Bien, Sr. Casares Quiroga; lo repito: mis espaldas son anchas. Yo acepto, con gusto, y no desdeño ninguna de las responsabilidades que puedan derivar de actos que yo realice, y las responsabilidades ajenas, si son para bien de mi Patria y para gloria de España, las acepto también. ¡Pues no faltaba más! Yo digo lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano: "Señor: la vida podéis quitarme, pero más no podéis, y es preferible morir con gloria que vivir con vilipendio."» Esto dijo el Sr. Calvo Sotelo; le ha llegado la muerte con gloria. ¡Ah!, pero para vosotros como Gobierno, aunque no tengáis la responsabilidad, que yo no la arrojo sobre vosotros, la responsabilidad criminal directa ni indirecta en el crimen, sí tenéis la enorme responsabilidad moral de patrocinar una política de violencia que arma la mano del asesino; de haber, desde el banco azul, excitado la violencia; de no haber desautorizado a quienes desde los bancos de la mayoría han pronunciado palabras de amenaza y violencia contra la persona del Sr. Calvo Sotelo. Eso no os lo quitaréis nunca; podéis, con la censura, hacer que mis palabras no lleguen a la opinión; podéis, con el ejercicio férreo de facultades que la ley pone en vuestras manos, hacer imposible que esto llegue en sus detalles a conocimiento de la opinión pública; podéis ir al Parlamento y pedir una votación de confianza. ¡Ah!, pero tened la seguridad de que la sangre del Sr. Calvo Sotelo está sobre vosotros, y no os la quitaréis nunca, sobre vosotros y sobre la mayoría. ¡Triste sino el de este régimen, si incurre, frente a un crimen de esa naturaleza, en el error tremendo de pretender paliar los acontecimientos! Si exigís las debidas responsabilidades, si actuáis rápidamente contra los autores del crimen, si ponéis en claro los móviles, ¡ah!, en ese caso quizá, y no lo lograréis en todo, quedará circunscrita la responsabilidad a los autores; pero si vosotros estáis con habilidades mayores o menores paliando la gravedad de los hechos, entonces la responsabilidad escalonada irá hasta lo más alto y os cogerá a vosotros como Gobierno y caerá sobre los partidos que os apoyan como coalición del Frente Popular, y alcanzará a todo el sistema parlamentario y manchará de barro y de miseria y de sangre al mismo régimen. En vosotros está.
Después de esto, pocas palabras voy a tener que pronunciar en el día de hoy; quizá muy pocas palabras más hayamos de pronunciar en el Parlamento. Todos los días, por parte de los grupos de la mayoría, por parte de los periódicos inspirados por vosotros, hay la excitación, la amenaza, la conminación a que hay que aplastar al adversario, a que hay que realizar con él una política de exterminio. A diario la estáis practicando: muertos, heridos, atropellos, coacciones, multas, violencias... Este período vuestro será el período máximo de vergüenza de un régimen, de un sistema y de una Nación. Nosotros estamos pensando muy seriamente que no podemos volver a las Cortes a discutir una enmienda, un voto particular, un proyecto más o menos avanzado que presentéis, porque eso en cierto modo es decir ante la opinión pública que aquí todo es normal, que aquí la oposición cumple su papel, que éste es el juego corriente de los sistemas políticos. No; el Parlamento está ya a cien leguas de la opinión nacional; hay un abismo entre la farsa que representa el Parlamento y la honda y gravísima tragedia nacional.
Nosotros no estamos dispuestos a que continúe esa farsa. Vosotros podéis continuar; sé que vais a hacer una política de persecución, de exterminio y de violencia de todo lo que signifique derechas. Os engañáis profundamente: cuanto mayor sea la violencia, mayor será la reacción; por cada uno de los muertos, surgirá otro combatiente. Tened la seguridad -esto ha sido la ley constante de todas las colectividades humanas- de que vosotros, que estáis fraguando la violencia, seréis las primeras víctimas de ella. Muy vulgar por muy conocida, pero no menos exacta, es la frase de que las revoluciones son como Saturno, que devoran a sus propios hijos. Ahora estáis muy tranquilos porque veis que cae el adversario. ¡Ya llegará un día en que la misma violencia que habéis desatado se volverá contra vosotros! (Un señor Diputado: Ya llegó en octubre.) De lo de octubre hablaremos, que estoy deseando hablar. Lo único que hacéis vosotros con lo de octubre es estar todos los días paliando ante las masas el fracaso de vuestra política: cuando al obrero no le dais pan, cuando al obrero le sumís en la miseria, lo que hacéis es darle unos cuantos latiguillos sobre octubre. ¡Dadle un poco más de pan y un poco menos de literatura! (Otro señor Diputado: ¿Por qué no se lo ha dado el Sr. Gil-Robles, con dos años que ha estado en el Poder?) Atendimos a los obreros mucho más que vosotros. El paro ha aumentado extraordinariamente en vuestras manos. Y dentro de poco vosotros seréis en España el Gobierno del Frente Popular del hambre y de la miseria, como ahora lo sois de la vergüenza, del fango y de la sangre. Nada más.
**************************************************************************
(No descarto que pueda haber cometido algún error al reescribir el texto y el Diario de Sesiones de las Cortes de la República es de dominio público.)


¿Se supo al final si algún Ministro o Diputado estaba implicado en el asesinato del teniente Castillo?

¿Se puede consultar en algún sitio la continuación del Diario de Sesiones de las Cortes de la República, o corre uno el riesgo fatal de morir en circunstancias extrañas vía juicio ultra rápido acusado de ser judío-masónico-comunista?

Enlaces varios:

Constitución de la República Española (mucho mejor que la de Francisco Franco)
http://www.ateneo.unam.mx/larepublica.htm

Juicio promovido por el juez Baltasar Garzón en el Tribunal Penal Internacional sobre los crímenes no juzgados aún y cometidos en España antes, durante y después de la Guerra Civil Española (frente olvidado de la Segunda Guerra Mundial).
http://www.derechos.org/nizkor/espana/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Imagen:

http://www.loc.gov/rr/print/swann/szyk/images/02737ju.jpg
 

Respuestas (0)
 
  • » 15 de julio de 1936, dos días antes del comienzo de la invasión italiana y alemana de España; morirán entre medio millón y un millón de personas « - JOSÉ ORTEGA Y GASSET - 22/05/2005 04:01


Volver Responder
 
Nombre
E-Mail
Asunto
Web
Enlace a una
imagen

Mensaje